El nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional propone una amplia modernización del régimen laboral con incentivos para las empresas que generen empleo formal. Sin embargo, desde el Sindicato alertan que varios puntos podrían vulnerar derechos adquiridos y afectar convenios colectivos vigentes
La Libertad Avanza presentó en el Congreso su proyecto de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” (ver al pie), una iniciativa que busca modernizar la normativa laboral con el objetivo de reducir litigiosidad y promover la contratación en el sector privado. Así las cosas, el proyecto modifica varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y crea beneficios fiscales para quienes generen empleo.
El texto propone, entre otros puntos, redefinir el principio de irrenunciabilidad, flexibilizar las modalidades de contratación, y otorgar mayor capacidad al empleador para modificar tareas, sancionar disciplinariamente y ajustar condiciones laborales sin necesidad de una nueva negociación colectiva. También introduce incentivos impositivos para micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual podría representar un alivio para las Estaciones de Servicio en materia de cargas patronales.
Sin embargo, desde el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio advierten que el proyecto podría vulnerar derechos adquiridos consagrados en la Constitución Nacional. “El principio de irrenunciabilidad deberá ser plasmado en los convenios colectivos de trabajo vigentes. Tal como está planteada, la ley es inconstitucional porque contradice el artículo 14 bis”, señaló el asesor letrado del gremio de estaciones de servicios, Enrique Rodríguez.
El especialista explicó que el núcleo del conflicto reside en los llamados “derechos obligacionales” —aquellos que derivan de los aportes y descuentos sindicales—, que el proyecto pretende eliminar o modificar. “El Gobierno apunta a eliminar los descuentos obligatorios para el sindicato. Si eso se aprueba, habrá que esperar que la Justicia determine su constitucionalidad”, remarcó.
Rodríguez, quien fue Ministro de Trabajo, consideró sin embargo, que el primer paso para ordenar el mercado laboral debería darse en el plano impositivo. Antes de avanzar con una reforma de esta magnitud, el Gobierno debería encarar una reforma fiscal integral que alivie la presión sobre las PyMES. Si eso se resuelve, el conflicto laboral será mucho más fácil de encauzar
Para las Estaciones de Servicio, la iniciativa abre un debate complejo: por un lado, podría reducir los costos laborales y simplificar trámites administrativos; por otro, genera incertidumbre jurídica respecto de los convenios colectivos que hoy garantizan estabilidad al personal y previsibilidad a los empresarios. Al respecto, Rodríguez advirtió que “el Gobierno pretende avanzar sobre los derechos adquiridos, aplicando reformas y flexibilizaciones con carácter retroactivo”.
El texto de la ley también establece la posibilidad de fragmentar vacaciones, redefinir beneficios sociales y acotar las indemnizaciones judiciales, mientras que propone un régimen de crédito fiscal para las empresas que incorporen nuevos trabajadores. En el sector estacionero, los beneficios tributarios podrían incentivar contrataciones, pero los especialistas alertan que cualquier modificación estructural debe resguardar la seguridad jurídica y la capacitación que caracterizan a la actividad.
“Los derechos adquiridos no se pueden tocar”, insistió Rodríguez, recordando que la legislación laboral argentina se sustenta en principios de orden público que garantizan un piso mínimo de derechos que ninguna norma inferior puede reducir.
