Cambian los precios en las góndolas y también los tickets de compra. A partir de este martes 1° de abril, los consumidores van a poder conocer cuánto de lo que pagan va a parar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), porque todos los comercios tendrán que discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras cargas tributarias nacionales a la hora de facturar, además de la obligación de exhibir el valor de los productos con y sin impuestos.
Estos cambios estaban previstos en el Régimen de Transparencia al Consumidor, que reglamentó el Gobierno en diciembre del año pasado. En el caso de los supermercados, mayoristas, estaciones de servicio y otras grandes compañías, desde enero que diferencian en el ticket el IVA, los impuestos internos y a los combustibles. En esta segunda etapa, se extiende a todas las facturas emitidas por vendedores de bienes y servicios.
También cambian los precios exhibidos en góndolas o incluso en las publicidades, de acuerdo con la Resolución 4/2025, de la Secretaría de Industria y Comercio. Todos aquellos comercios que le venden a consumidores finales tendrán que mostrar el precio final y el precio neto sin la incidencia del IVA y el resto de los impuestos nacionales indirectos que impactan en los precios. En este último caso, la letra tendrá que ser más chica y deberá incluir la leyenda “Precios sin impuestos nacionales”.
¿Se suman las provincias?
El Régimen de Transparencia Fiscal abarca únicamente los impuestos nacionales, aunque desde el Gobierno habían invitado a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a que se adhieran a la medida, para que los consumidores finales también sepan la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas municipales en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.
Desde la ONG Lógica también le enviaron una carta a los 24 gobernadores para preguntarles si se iban a adherir al régimen y si aplicarán sanciones en los comercios que voluntariamente informen los tributos locales mientras no se hayan adherido. Por el momento, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones manifestaron que se suman a la iniciativa y que no aplicarán sanciones. En otras seis provincias se presentaron nueve proyectos de adhesión, en todos los casos propuestos por la oposición de cada gobernador.
