Los jueces explicaron que "para ser procedente el embargo, en uno u otro supuesto, lo relevante es la situación del sujeto pasivo de la obligación en relación al importe del beneficio; dado que el límite que debe tener el poder de agresión patrimonial del acreedor es el haber mínimo de bolsillo”.
En esa línea, los jueces resaltaron que ese límite estaría dado por la remuneración mínima del deudor garantizado por la legislación respectiva. Por lo tanto, era inembargable la remuneración que no superaba un salario mínimo y embargable si lo superaba, pero solamente en lo que excedía al mínimo.
El informe que constaba en la causa arrojó que la remuneración del jubilado era de $ 6.379,69, por lo que en ese contexto no era posible acceder a la petición del abogado.
Por último, los camaristas provinciales resolvieron que "es improcedente la traba de embargo por honorarios sobre haberes jubilatorios ya que de actuarse de otro modo se excederían las únicas excepciones que contempla el artículo 14 inciso c), de la ley 24.441”.
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Fuente: Diario Judicial
